El proyecto de ley busca fortalecer la capacidad institucional del Estado para garantizar de manera más efectiva, coordinada y sostenible los derechos de las víctimas del conflicto armado, sin crear nuevos derechos ni modificar la Ley 1448 de 2011. Para ello, establece herramientas permanentes de planeación, coordinación interinstitucional, seguimiento, evaluación y articulación financiera, mediante la creación de un Plan Nacional para la Reparación Integral Efectiva de las Víctimas y un Fondo Nacional para la Reparación Integral 2030, con el propósito de acelerar la implementación de las medidas de reparación integral, optimizar el uso de los recursos, reducir las brechas entre la formulación y la ejecución de la política pública, y contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera.