La iniciativa tiene por objeto establecer un régimen integral para la identificación, protección y continuidad operativa de la infraestructura crítica del país frente a acciones de grupos armados organizados, delincuencia organizada y economías ilegales, mediante la definición de criterios para su identificación, la implementación de planes de protección y continuidad del servicio, mecanismos de reporte y coordinación institucional para la respuesta ante afectaciones, la articulación con las autoridades territoriales y la protección de las comunidades circundantes, con el fin de garantizar la prestación de servicios esenciales, la seguridad de la población, el abastecimiento, la actividad económica y la atención oportuna de contingencias, sin afectar el ejercicio legítimo de la protesta pacífica.