La presente ley tiene por objeto mitigar el impacto patrimonial de los propietarios de vehículos automotores hurtados, mediante un régimen de interoperabilidad entre las autoridades de tránsito, administraciones tributarias y autoridades judiciales y de policía que suspenda la causación del impuesto sobre vehículos automotores con posterioridad al hurto; y un régimen de transición que permita a quienes ya acumulan deudas por esta causa ponerse al día en condiciones favorables, así como facilitar la cancelación ágil de la matrícula del vehículo hurtado.