Fortalecer la transparencia, el control y la vigilancia sobre la contratación de trabajadores temporales o en misión por parte de las entidades públicas y de las empresas con participación estatal mayoritaria, mediante la obligatoriedad de publicar información detallada sobre el personal suministrado, la imposición de límites a su vinculación durante periodos electorales, la sujeción de estos contratos al principio de anualidad presupuestal y el establecimiento de mecanismos de responsabilidad disciplinaria, con el fin de prevenir el uso indebido de estas modalidades de contratación y garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.