El proyecto de ley busca eximir a los damnificados por desastres naturales del pago de licencias urbanísticas, estudios técnicos y demás trámites requeridos para la reconstrucción de inmuebles afectados, eliminando las barreras económicas que dificultan su recuperación. La iniciativa mantiene intactos los requisitos de seguridad, sismorresistencia y evaluación estructural, pero establece un tratamiento especial y temporal para quienes no reconstruyen por iniciativa propia, sino para recuperar bienes dañados por una catástrofe.