La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la protección de los derechos de los usuarios de las estaciones de peaje en el territorio nacional, mediante la adopción de medidas orientadas a garantizar la movilidad, la accesibilidad, la transparencia, la participación ciudadana, la calidad en la prestación de los servicios asociados a la infraestructura vial, la adecuada localización y operación de las estaciones de peaje, la implementación de tarifas especiales diferenciales para los vehículos de las categorías 1 y II y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección, vigilancia y control.