El proyecto de ley busca crear un beneficio de alimentación para trabajadores y sus familias, acompañado de incentivos tributarios para las empresas que lo otorguen, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y apoyar la lucha contra el hambre. La iniciativa permite a los empleadores optar entre un descuento tributario del 25% o una deducción del 150% sobre los pagos destinados a alimentación, dentro de límites establecidos por trabajador, canalizados a través de comedores, restaurantes o bonos de alimentación con controles de uso. Además, extiende beneficios similares a entidades públicas y a personas que perciben rentas de trabajo sin vínculo laboral, promoviendo mejores condiciones de alimentación en el entorno laboral, fortaleciendo la economía formal y manteniendo la sostenibilidad fiscal.