El presente proyecto tiene por objeto crear el Régimen Especial de Contratos de Estabilidad Jurídica Sectorial, orientado a los sectores minero-energético, tecnología e innovación, infraestructura y salud, con el fin de ofrecer a los inversionistas nacionales y extranjeros la garantía de que las normas tributarias y regulatorias determinantes de su decisión de inversión no serán modificadas en su perjuicio durante la vigencia del contrato, a cambio del pago de una prima a favor de la Nación. La iniciativa busca cerrar el vacío normativo dejado por la derogatoria de la Ley 963 de 2005 y, posteriormente, por la eliminación del régimen de megainversiones, en un contexto de deterioro sostenido de la inversión extranjera directa en el país.