Este proyecto de ley busca prevenir, controlar y reducir el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas en Colombia mediante la creación de un Sistema Nacional, una Mesa Técnica de coordinación y un Plan Nacional Estratégico cuatrienal, con el fin de proteger la salud pública, el medio ambiente y las rentas departamentales. Sin crear nueva burocracia, decretar gasto público directo ni alterar las competencias penales de la Fiscalía, la iniciativa funciona como un marco de coordinación, prevención y fortalecimiento operativo que complementa la Ley 1762 de 2015, reforzando la trazabilidad fiscal, la cooperación internacional, la transparencia y la responsabilidad extendida de los productores en el mercado de licores.