El objetivo central es fortalecer la eficiencia, transparencia y seguridad jurídica del sistema de justicia en Colombia, mediante una reforma estructural que reduzca la congestión judicial, la impunidad y la dispersión normativa, al tiempo que garantice decisiones más predecibles y coherentes; para ello plantea medidas como hacer obligatorio el precedente judicial, regular el uso de la tutela, simplificar y organizar la legislación, profesionalizar y despolitizar la administración de justicia, optimizar la gestión de la Rama Judicial, eliminar duplicidades institucionales y crear mecanismos que agilicen los procesos, buscando así un sistema más ágil, confiable y acorde con las necesidades del desarrollo económico y social del país.