La presente ley establece el procedimiento de verificación médica funcional y toxicológica de los gobernadores y de los alcaldes distritales y municipales, orientado a determinar, de manera excepcional, técnica y garantista, si una condición física, mental, cognitiva, neurológica o derivada del consumo de sustancias psicoactivas afecta gravemente su capacidad para el adecuado ejercicio del cargo. La evaluación toxicológica constituirá un componente integral del procedimiento de verificación médica funcional y sus resultados deberán analizarse conjuntamente con los demás hallazgos clínicos, médicos y funcionales.