Por medio de la cual se dictan normas contra la corrupción en la Administración Pública.

El proyecto tiene por objeto señalar parámetros a los cuales debe someterse la Administración Pública, los servidores públicos y los particulares que contraten con el Estado o que presten servicios a éste, bajo cualquier modalidad de vinculación. El proyecto detalla la conducta que el servidor público debe asumir desde el momento mismo de vinculación a la Administración Pública, anunciando las inhabilidades e incompatibilidades que pueden presentarse, pero también los conflictos de interés que existan, reales o presuntos, entre sus funciones y las decisiones a tomar en nombre la administración. Para ello, el proyecto contempla la fijación de criterios que se tienen para la toma de decisiones dentro del proceso de contratación.