La presente ley tiene por objeto establecer el deber de implementar mecanismos de verificación previa del beneficiario en las transferencias electrónicas de fondos, con el fin de prevenir errores en la identificación del destinatario, fortalecer la seguridad transaccional y trazabilidad de las operaciones, proteger los recursos económicos de los consumidores financieros y promover mayor confianza en los pagos digitales. La verificación prevista en esta ley implica un deber de información, prevención y control del riesgo transaccional y deberá aplicarse bajo criterios de proporcionalidad, gradualidad, interoperabilidad, seguridad de la información, protección de datos personales, accesibilidad, neutralidad tecnológica y gestión basada en riesgos. La aplicabilidad de la presente ley no remplaza los deberes transversales a la autenticación, prevención del fraude, identificación plena del cliente, control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de la seguridad digital, protección de datos personales ni los demás controles que demanda el ordenamiento jurídico colombiano.