A pesar de los avances del ordenamiento jurídico colombiano y de la Política Nacional de Salud Mental en el reconocimiento del bienestar mental como derecho fundamental, la conducta suicida persiste como un grave problema de salud pública con alta incidencia en jóvenes y poblaciones vulnerables. Dada la actual dispersión normativa, técnica e institucional, esta iniciativa legislativa busca institucionalizar el Plan Nacional del Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida para consolidar un modelo nacional unificado, coordinado e intersectorial. Respaldado por evidencia científica y recomendaciones de la OMS y la OPS, este marco normativo garantiza un enfoque de derechos, territorial, comunitario y diferencial que abarca desde la prevención y la detección temprana hasta el seguimiento posterior, la atención clínica, la restricción de medios letales y el acompañamiento continuo a familias y cuidadores.