El proyecto de ley busca fortalecer la participación del Estado en los procesos de Consulta Previa mediante la creación de un marco administrativo que le permita actuar de manera más activa como garante, facilitador y articulador entre las comunidades y los promotores de proyectos. La iniciativa pretende mejorar la coordinación institucional, la mediación, la transparencia y la oportunidad en la toma de decisiones, especialmente cuando las partes no logran alcanzar acuerdos por sí solas, garantizando la protección del derecho fundamental a la Consulta Previa sin afectar la autonomía de las comunidades y facilitando el desarrollo concertado y responsable de proyectos estratégicos para el país.