La presente ley tiene por objeto fortalecer la autonomía financiera y la capacidad de inversión de los municipios y distritos donde operan puertos marítimos en el territorio nacional, mediante la distribución equitativa de las contraprestaciones portuarias, previstas en la Ley 1 de 1991 y en la Ley 856 de2003, permitiendo a las entidades territoriales invertir directamente en infraestructura de competitividad, mitigación ambiental y desarrollo social en las zonas de influencia portuaria.