Las entidades estatales deberán contratar el servicio público de vigilancia y seguridad privada por un periodo inferior a 12 meses. Para ello, la entidad contratante asegurará la disponibilidad presupuestal necesaria dentro de la vigencia fiscal correspondiente, o mediante la obtención de las vigencias futuras que se requieran. El servicio deberá programarse en el plan anual de adquisiciones, con la duración mínima prevista en este punto.