El proyecto de ley busca modernizar y simplificar los trámites y procedimientos administrativos del Estado mediante el uso de tecnologías digitales, interoperabilidad de datos e inteligencia artificial. Su propósito es reducir las cargas administrativas para los ciudadanos, evitar que deban presentar información que ya posee el Estado y mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos. La iniciativa promueve el intercambio seguro de información entre entidades, la implementación de formularios precargados, servicios proactivos, automatización de trámites, monitoreo de cargas administrativas y atención multicanal. Asimismo, establece reglas para el uso responsable de la inteligencia artificial, garantizando la protección del debido proceso, la revisión humana de decisiones automatizadas, la transparencia y la gestión de riesgos digitales, sin crear una nueva estructura burocrática significativa.