Tiene por objeto establecer la obligatoriedad de asistencia de los candidatos a presidencia, vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías a los debates públicos que se citen durante la campaña electoral. Se trata de una iniciativa encaminada a garantizar la participación democrática y facilitar el diálogo entre los candidatos y la ciudadanía con el objetivo de que estos últimos cuenten con las herramientas necesarias para evaluar las propuestas, el conocimiento, y capacidades de los aspirantes al cargo público uninominal.