La iniciativa propone establecer un salario mínimo diferencial para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, equivalente al salario mínimo nacional más un 10%, cuya implementación sería gradual durante cuatro años, con el fin de compensar el mayor costo de vida que enfrentan los habitantes del territorio insular. El proyecto busca corregir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la región, garantizando una remuneración más acorde con sus condiciones económicas, sin crear un régimen laboral independiente ni modificar el mecanismo nacional de concertación y fijación anual del salario mínimo.