La presente ley tiene por objeto establecer un marco integral, estandarizado y obligatorio para el seguimiento, evaluación, control social, transparencia y análisis de eficiencia del gasto público destinado a la protección ambiental por parte de las entidades territoriales en Colombia. A través de la unificación metodológica y la integración con las políticas públicas ambientales vigentes, se busca asegurar una inversión pública transparente, orientada a resultados medibles y alineada con la conservación del patrimonio natural del país.