La presente ley tiene por objeto regular el conjunto de principios, mecanismos y disposiciones indispensables para asegurar la garantía y el ejercicio eficaz del derecho fundamental a la protesta social y la manifestación pública, en el marco del artículo 37 de la Constitución Política, los estándares y obligaciones internacionales que rigen la materia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como reconocer la labor de organizaciones y movimientos sociales en el país.