La presente ley tiene por objeto fortalecer la capacidad de supervisión del servicio público de transporte y de sus servicios conexos y complementarios. Para el efecto, se dirige a establecer herramientas e instrumentos que permitan desarrollar las funciones y responsabilidades en la promoción, prevención, inspección, vigilancia y control que tiene la Superintendencia de Transporte y demás autoridades de inspección, vigilancia y control, para la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sector y el sistema de tránsito y transporte; determinar las autoridades administrativas competentes para conocer de las infracciones, los sujetos de supervisión, las infracciones, sanciones, medidas preventivas y de seguridad, y señalar los procedimientos administrativos que han de seguirse por parte de las autoridades administrativas competentes ante la comisión de una infracción e imponer, de ser el caso, las sanciones respectivas; así como adoptar el régimen sancionatorio del transporte terrestre automotor, de los organismos de tránsito y de los organismos de apoyo al tránsito y dictar otras disposiciones que complementen el régimen de supervisión de otros servicios y modos de transporte, como también la acciones de protección de los usuarios de los mismos. En el ejercicio de cada una de sus funciones y competencias, la actuación de las autoridades deberá orientarse a la materialización de los principios del sector y de los diferentes modos y modalidades de servicio público de transporte, así como a la protección de los derechos de los usuarios.