Este proyecto de ley busca fortalecer las garantías del debido proceso y la transparencia en la imposición de fotomultas, exigiendo que las autoridades de tránsito verifiquen los requisitos técnicos y legales (como calibración y señalización) antes de registrar cualquier comparendo en el SIMIT. Para proteger el derecho a la defensa de los ciudadanos, la iniciativa garantiza el acceso completo a las pruebas y a los documentos del dispositivo, prohíbe que la remuneración de los operadores privados dependa del número de multas impuestas y destina el recaudo a la seguridad vial, todo ello sin limitar el uso de la tecnología ni alterar el régimen sancionatorio vigente.