La presente ley tiene por objeto establecer normas, procedimientos, mecanismos y beneficios, a fin de proteger la identidad, estabilidad laboral y física de los servidores públicos y cualquier persona natural o jurídica que reporte de forma oportuna, formal y justificada, la realización de actos de corrupción en entidades de la administración pública, de manera recurrente o transitoria y en cualquier escenario donde se manejan recursos y o bienes de origen público, que puedan ser objeto de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.