Este proyecto de ley busca establecer un marco jurídico para regular el uso de la maquinaria pesada incautada en minería ilegal u otras actividades ilícitas, promoviendo el principio de recuperación preferente y destrucción excepcional. La iniciativa permite que, cuando sea técnica, económica y operacionalmente viable —y sin arriesgar la seguridad—, estos bienes no sean destruidos sino recuperados y destinados a fines de interés social, como la tecnificación agropecuaria, vías terciarias, atención de emergencias y restauración ambiental. Para su aplicación, exige definir previamente la situación jurídica del bien para proteger a terceros de buena fe, e implementa un estricto sistema de trazabilidad, georreferenciación y control que evita que las máquinas reingresen al circuito criminal, logrando así un equilibrio entre la lucha contra el delito ambiental y el aprovechamiento de recursos para el desarrollo rural.