La iniciativa tiene por objeto establecer reglas obligatorias de interoperabilidad, continuidad tecnológica y portabilidad de datos en la contratación estatal de sistemas de seguridad y convivencia, con el fin de garantizar el control institucional sobre la información y los activos tecnológicos, prevenir la dependencia exclusiva de proveedores, asegurar la disponibilidad y continuidad de los servicios, facilitar la integración e intercambio de información entre sistemas, preservar el acceso y la transferencia de datos institucionales durante la ejecución y terminación de los contratos, y fortalecer la planeación, supervisión y gestión tecnológica de las entidades públicas bajo criterios de seguridad digital, protección de datos y neutralidad tecnológica.