La ley tiene como propósito facultar a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para reservar hasta el 5% de los bienes obtenidos por extinción de dominio, con el fin de destinarlos a proyectos sociales en áreas como primera infancia, salud, educación, cultura, deporte, vivienda de interés prioritario y atención a víctimas de violencia de género. Además, permite a municipios y distritos solicitar la transferencia gratuita de estos bienes para adecuarlos a dichos fines dentro de su jurisdicción.