El proyecto busca fortalecer el régimen tarifario del servicio de energía eléctrica para garantizar tarifas más justas basadas en costos eficientes, transparentes y verificables, sin congelar precios ni comprometer la viabilidad financiera de las empresas. Para ello, establece mecanismos de revisión tarifaria ante incumplimientos en los planes de inversión, refuerza el control sobre las pérdidas de energía, exige rendición de cuentas al Congreso y actualiza el consumo de subsistencia. Asimismo, promueve la competencia en la compra de energía mediante contrataciones a largo plazo, la revisión de la indexación de contratos y la evaluación de los precios en la Bolsa de Energía, buscando un equilibrio entre la protección al usuario y la sostenibilidad del sistema.