Este proyecto de ley busca consolidar una política de Estado para aprovechar las capacidades del sector defensa en el desarrollo de la infraestructura nacional, fortaleciendo el Arma de Ingenieros del Ejército y las entidades del GSED para atender las necesidades viales y logísticas de zonas vulnerables como los municipios PDET. De manera paralela, la iniciativa promueve la inclusión económica de la reserva activa, veteranos, mujeres veteranas y viudas con sustitución pensional, integrándolos al desarrollo territorial. Finalmente, la propuesta ajusta iniciativas anteriores al eliminar las cuotas obligatorias de contratación —dejándolas como criterios orientadores—, garantizar la armonía con el Estatuto General de Contratación Pública y ampliar su alcance a todo el sector defensa e industria militar.