El proyecto de ley busca fortalecer la protección de la propiedad pública y privada frente a la ocupación ilegal, la invasión y la usurpación de bienes inmuebles, cerrando vacíos administrativos, penales, procesales y disciplinarios que actualmente dificultan una respuesta estatal eficaz. La iniciativa está orientada principalmente a combatir las estructuras organizadas de "tierreros" y loteadores ilegales que promueven el despojo de predios, sin afectar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctimas de desplazamiento forzado.

Para ello, propone modificar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Código Penal, el Código General del Proceso y el Código General Disciplinario, con medidas como el ajuste de los plazos para actuaciones policivas, el fortalecimiento de las sanciones contra organizaciones de ocupación ilegal, la ampliación de mecanismos judiciales de restitución de inmuebles a predios urbanos y el establecimiento de responsabilidades disciplinarias y patrimoniales para las autoridades que incumplan los términos legales de actuación.