La presente ley tiene por objeto fortalecer la protección material, oportuna y efectiva de los suscriptores, usuarios y usuarios potenciales de los servicios públicos domiciliarios; asegurar el control real de las actuaciones de los prestadores; reforzar las competencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la resolución de recursos y en el ejercicio de la inspección, vigilancia y control; y establecer mecanismos de prevención, restablecimiento, seguimiento y no repetición frente a la vulneración de los derechos de los usuarios.