La presente ley tiene por objeto fortalecer la protección de los consumidores y usuarios en el ejercicio de las facultades de terminación de las relaciones de consumo, mediante la eliminación de barreras contractuales, procedimentales y tecnológicas que obstaculicen injustificadamente su ejercicio. Para tal efecto, se establecen mecanismos que garanticen procedimientos accesibles, sencillos, gratuitos, expeditos y eficaces para la terminación de las relaciones contractuales, y se previenen prácticas derivadas de condiciones predispuestas o del diseño de procedimientos e interfaces que dificulten injustificadamente la decisión del consumidor deponer fin a la relación contractual.