La presente ley tiene por objeto facultar a los concejos municipales y distritales, en ejercicio de su autonomía fiscal, para establecer beneficios tributarios en relación con el impuesto predial unificado, a favor de las personas mayores de sesenta (60) años, propietarias, poseedoras o usufructuarias de un único inmueble destinado a vivienda familiar, siempre que no gocen de pensión o que la pensión percibida sea inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.