La presente ley tiene por objeto habilitar la participación de personas jurídicas de derecho privado en el desarrollo, financiación, construcción, ampliación, modernización mantenimiento, dotación y operación de infraestructura penitenciaria y carcelaria, mediante contratos de concesión, esquemas de asociación público-privada y demás mecanismos de vinculación de capital privado autorizados por la ley, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional del Sistema Penitenciario y Carcelario, mejorar las condiciones de reclusión y promover los procesos de resocialización y rehabilitación. La participación privada autorizada por la presente ley no implicará en ningún caso, la transferencia de funciones de autoridad, custodia, vigilancia o seguridad respecto de las personas privadas de la libertad.