Esta iniciativa legislativa busca que la conducción profesional y permanente de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de carga y de pasajeros por carretera sea reconocida como una actividad de alto riesgo para la salud, incorporándola al régimen especial previsto en el Decreto Ley 2090 de 2003. La propuesta se fundamenta en la exposición constante de los conductores a riesgos ergonómicos, biomecánicos, físicos, psicosociales, de seguridad y ambientales que afectan progresivamente su salud y reducen su expectativa de vida saludable. En consecuencia, plantea que estos trabajadores puedan acceder a la pensión especial de vejez bajo estrictos mecanismos de control y acreditación, promoviendo además la seguridad vial, el retiro oportuno de conductores con disminución de sus capacidades funcionales y la dignificación de una labor esencial para el país. De aprobarse, los conductores tendrían derecho a pensionarse a los 55 años, con la posibilidad de reducir esta edad hasta un mínimo de 50 años por semanas adicionales de cotización especial, siempre que cumplan con el número mínimo de semanas exigidas y acrediten al menos 700 semanas de cotización especial en actividades de alto riesgo.