La presente ley tiene por objeto institucionalizar como política de Estado de rango legal el programa «Mi Casa Ya», garantizando el derecho a la vivienda nueva de interés social (VIS) e interés prioritario (VIP) para los hogares más vulnerables, en desarrollo del artículo 51 de la Constitución Política y la Ley 3 de 1991. Asimismo, la iniciativa define con precisión los criterios de focalización, montos, procedimientos y concurrencia de subsidios con cajas de compensación y entidades territoriales; asegura la sostenibilidad financiera del programa mediante recursos presupuestales plurianuales canalizados a través de un fondo específico; y fortalece la transparencia, el seguimiento y la rendición de cuentas sobre su ejecución ante el Congreso de la República.