La presente ley tiene por objeto fortalecer, ampliar y blindar jurídicamente el modelo de contratación para la administración del servicio educativo oficial por parte de particulares y entidades sin ánimo de lucro de reconocida trayectoria e idoneidad, modificando el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 para incorporar la calidad educativa como criterio autónomo y suficiente para la celebración de estos contratos, con independencia de la existencia de insuficiencia o limitaciones en la oferta oficial, con el propósito de mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales con los desempeños más bajos del país.