La presente ley tiene por objeto modificar la aplicación de la infracción D.12 del Código Nacional de Tránsito Terrestre para garantizar que su imposición se fundamente en pruebas objetivas, materiales y directas, fortaleciendo los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y debido proceso, protegiendo el derecho a la intimidad de los ciudadanos, evitando actuaciones arbitrarias o discriminatorias por parte de las autoridades de tránsito y previniendo la doble sanción por los mismos hechos, sin menoscabar la protección de la seguridad vial.