Busca actualizar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a conductas que afectan la convivencia, mejorar los procedimientos sancionatorios, ampliar las facultades de alcaldes como autoridades de policía, y establecer mecanismos más eficaces para el control del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, todo con el fin de garantizar una convivencia más segura y respetuosa en el país.