La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 278 de 1996 con el fin de fortalecer la transparencia, la objetividad técnica, el rigor económico, la concertación social, la salvaguarda de la competitividad nacional y la seguridad jurídica en el procedimiento de fijación del salario mínimo legal mensual vigente. Para tal efecto, se preserva la regla general tripartita de concertación entre Gobierno Nacional, empleadores y trabajadores, y se establece un mecanismo técnico subsidiario, reglado, público y verificable, aplicable únicamente cuando no se logre consenso dentro del plazo que esta ley dispone.