Este proyecto de ley propone modificar el Código Penal para adiciónar una causal de agravación punitiva a los delitos contra la Administración Pública cuando estos recaigan sobre recursos destinados a la infancia y adolescencia. La iniciativa busca sancionar con mayor severidad la corrupción en programas de niñez —sin importar cómo se administren o ejecuten dichos fondos— al considerar que atentar contra la financiación de la población más vulnerable representa una falta de especial gravedad, sin alterar la estructura general del delito ni los principios de responsabilidad penal.