El proyecto de ley busca modificar la Ley 1995 de 2019 para garantizar que las actualizaciones catastrales se realicen bajo criterios de proporcionalidad, transparencia y equidad, tanto para predios rurales como urbanos. Asimismo, establece límites al incremento anual del Impuesto Predial Unificado, disponiendo que para los predios actualizados el aumento máximo corresponda al IPC del año inmediatamente anterior y, para los predios no actualizados, no supere el 20 % del valor liquidado el año anterior.

La iniciativa pretende proteger la capacidad de pago de los contribuyentes frente a aumentos abruptos derivados de las actualizaciones catastrales, facilitando una transición gradual entre el nuevo avalúo y la carga tributaria efectiva. Al mismo tiempo, busca mantener el equilibrio entre la equidad tributaria y la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales, permitiendo que el impuesto predial continúe siendo una fuente fundamental de financiación para el desarrollo regional.