La presente ley tiene por objeto fortalecer la contratación interadministrativa como modalidad excepcional de contratación directa, garantizando que su utilización responda a la finalidad constitucional de cooperación entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas, mediante la acreditación previa de la capacidad institucional de la entidad contratista para ejecutar de manera directa las actividades esenciales del objeto contractual, con el fin de preservar los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva, la eficiencia del gasto público y la utilización preferente de los mecanismos de selección que permitan la participación de una pluralidad de oferentes o de posibles contratistas cuando ello resulte procedente.