La iniciativa busca modificar las leyes que regulan el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas (APP), con el objetivo de ajustar el plazo de duración de estos esquemas para la provisión de bienes públicos. Asimismo, propone ampliar su aplicación en el ámbito territorial, promoviendo una mayor inclusión y dinamismo en la ejecución de infraestructuras y servicios mediante la colaboración entre el sector público y privado.