El proyecto tiene por objeto remover tres obstáculos concretos al emprendimiento —uno de acceso al crédito de vivienda, uno de previsibilidad normativa para la empresa nueva y uno de canalización de capital hacia el emprendimiento— y adoptar una medida transitoria de estímulo al sector de la construcción. Para ello interviene cuatro cuerpos normativos: la Ley 546 de 1999, que organiza el sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo; el Estatuto Tributario, en materia de descuentos en el impuesto sobre la renta y de bienes exentos del impuesto sobre las ventas; y el régimen general aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas.