El proyecto pretende garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud mediante la creación de un procedimiento formal para su reconocimiento y validación, la protección frente a la obligación de realizar actuaciones contrarias a sus convicciones, la prohibición de cualquier forma de discriminación por ejercer este derecho, la implementación de mecanismos de revisión y registro de objetores, y la adopción de medidas por parte de las entidades de salud para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios.