El proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer las condiciones de contratación de las personas naturales vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con entidades públicas, mediante la garantía de derechos mínimos, la eliminación de cargas económicas y administrativas injustificadas, el acceso a beneficios de bienestar institucional y una mayor transparencia en la ejecución contractual. Asimismo, busca promover la formalización gradual del empleo público y la modernización de las plantas de personal del Estado, con el fin de reducir la dependencia de la contratación por prestación de servicios para atender necesidades permanentes de las entidades públicas.