Por medio de la cual se reglamenta la prestación de la función pública, se suprimen trámites ante la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.

El proyecto recoge unas normas exonerando a los ciudadanos de trámites que son simplemente formales, no aportan nada a la gestión a realizar y sí generan una desconfianza mutua entre el Estado y sus habitantes. La buena experiencia de la eliminación de las autenticaciones, los reconocimientos ante notario o juez, la presentación personal del interesado, etc. permiten suponer que, existiendo un marco legal, la Administración adecue sus procedimientos de una manera uniforme y tangible a los administrados. También posibilita el proyecto que la Administración Pública se coloque a tono con los avances tecnológicos, al permitir la implementación del correo electrónico y las páginas web tanto para la información de las funciones a realizar como para el contacto de los ciudadanos con ella. Al adecuar los procedimientos al avance de la ciencia, la administración se hace más eficiente y reduce los costos legales en los que debe incurrir el administrado.