La presente ley tiene por objeto facilitar la asignación del escenario de práctica laboral y de judicatura requeridos por las instituciones de educación superior, de educación para el trabajo y desarrollo humano, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando dichas prácticas se establezcan en sus programas o reglamentos como requisito u opción de grado, o para la obtención del título académico o certificación. Así mismo, busca asegurar condiciones de flexibilización horaria, la inclusión de metodologías no presenciales y la creación de alternativas académicas equivalentes cuando no existan escenarios disponibles, preservando en todo caso la calidad de la formación de los estudiantes.